La tragedia ocurrida sobre la Ruta Nacional 60, donde un ciclista de 81 años perdió la vida tras ser embestido por una camioneta, volvió a exponer una realidad que desde hace más de una década permanece sin solución: el By Pass de Copacabana y La Puntilla continúa inconcluso y convertido en un símbolo de promesas incumplidas. Mientras las autoridades anuncian trabajos de mantenimiento, la obra que debía brindar mayor seguridad vial sigue sin concretarse plenamente.
La muerte de un vecino de 81 años en la Ruta Nacional 60 no solo enluta a una familia. También vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que desde hace años nadie parece querer responder: ¿qué están haciendo las autoridades de Tinogasta para lograr que se termine, de una vez por todas, el By Pass de Copacabana y La Puntilla?
Aunque las causas del siniestro son materia de investigación y no corresponde atribuir responsabilidades por ese hecho en particular, resulta inevitable que una nueva tragedia reabra el debate sobre una infraestructura vial considerada estratégica para la seguridad de miles de personas que transitan diariamente por el corredor internacional.
Lo llamativo es que esta obra dejó de ser un proyecto reciente hace mucho tiempo. Ya en julio de 2014, Vialidad Nacional informaba sobre trabajos preventivos en el denominado paso externo entre Copacabana y La Puntilla. Un mes después, el 14 de agosto de 2014, se anunciaba oficialmente el inicio de la construcción del paso externo de la Ruta Nacional 60, una traza proyectada para evitar que el transporte pesado atravesara las localidades de Copacabana, La Puntilla, Tinogasta y Santa Rosa, mejorando la seguridad vial y fortaleciendo el Corredor Bioceánico Paso San Francisco.
Pasaron los años y el discurso oficial continuó.
El 29 de diciembre de 2021 se anunció con entusiasmo la habilitación del primer tramo del paso externo, de poco más de 15 kilómetros, destacando que la pavimentación estaba prevista dentro del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad para 2022. Se aseguraba que la obra brindaría mayor seguridad a vecinos y conductores y permitiría sacar el tránsito pesado de las travesías urbanas.
Sin embargo, cuatro años después de aquel anuncio, la realidad parece demostrar que el objetivo aún está lejos de cumplirse plenamente.
Las propias comunicaciones oficiales de Vialidad Nacional, emitidas este mismo año, reflejan una situación que genera interrogantes. El 14 de julio de 2026 informó que continuaban las tareas de mantenimiento sobre el By Pass del kilómetro 1317 de la Ruta Nacional 60. Apenas dos semanas más tarde, el 27 de julio de 2026, volvió a comunicar trabajos de bacheo en la travesía urbana de Copacabana, solicitando reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva.
La pregunta surge sola: si después de más de una década todavía se continúa realizando mantenimiento permanente y trabajos correctivos, mientras el tránsito pesado sigue generando complicaciones y riesgos, dónde quedó la obra definitiva que tantas veces fue anunciada.
Más difícil aún resulta comprender el prolongado silencio de gran parte de la dirigencia política de Tinogasta.
Durante todos estos años pasaron presidentes, gobernadores, intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, legisladores nacionales, concejales y dirigentes de distintos espacios políticos. Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales, hubo campañas electorales, promesas, fotografías, anuncios y discursos. Pero la obra sigue siendo noticia por lo que le falta y no por haber sido definitivamente concluida.
Resulta legítimo preguntarse cuántas gestiones concretas realizaron los representantes de Tinogasta ante los organismos nacionales competentes para acelerar una obra que beneficia no solo al departamento, sino también a uno de los corredores internacionales más importantes del noroeste argentino.
Porque gestionar no consiste únicamente en asistir a actos oficiales, publicar fotografías o emitir comunicados. Gestionar implica reclamar, insistir, viajar, presentar proyectos, exigir respuestas y defender los intereses de la comunidad.
Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los vecinos, los transportistas y miles de conductores que deben circular por un sector donde abundan las quejas por el deterioro del camino, las roturas mecánicas, los neumáticos dañados y las dificultades que presenta un paso que debía convertirse en una solución definitiva.
Cada reparación de un vehículo representa un gasto para las familias y para quienes viven del transporte. Cada accidente reaviva un reclamo que lleva más de diez años sin respuestas definitivas.
La tragedia ocurrida en la Ruta Nacional 60 vuelve a poner en evidencia que las obras de infraestructura no pueden quedar atrapadas indefinidamente entre anuncios, mantenimientos y promesas. La seguridad vial requiere decisiones concretas y gestiones permanentes.
Hoy, más que nunca, la sociedad tiene derecho a preguntar ¿qué hicieron sus representantes durante todos estos años para que el By Pass de Copacabana y La Puntilla deje de ser una promesa repetida y se transforme finalmente en la obra segura y definitiva que fue anunciada hace más de una década?
Porque cuando una necesidad pública permanece sin resolverse durante tantos años, el cuestionamiento ciudadano hacia quienes tienen la responsabilidad de gestionar no solo es comprensible: también forma parte del legítimo control democrático que la sociedad debe ejercer sobre sus representantes.
