El episodio ocurrido en Palo Blanco, donde un vecino habría tenido que aportar $40.000 para que un móvil policial pudiera cargar combustible y acudir ante un conflicto familiar, generó preocupación y merece explicaciones. Pero también abrió la puerta a una operación política que pretende responsabilizar a la Municipalidad de Fiambalá por una obligación que pertenece a la estructura del Estado provincial. Las leyes, el presupuesto y la propia organización de la Policía de Catamarca desmienten esa versión y dejan expuesto el desconocimiento —o la conveniencia— de quienes intentan instalarla.
Lo ocurrido en Palo Blanco no es un hecho menor. Ante un llamado al 911 por un conflicto familiar que llevaba horas y que, según el relato difundido, iba aumentando en tensión, se solicitó la presencia policial. La respuesta demoraba y, al consultar por los motivos, desde la dependencia policial se habría informado que el móvil se encontraba detenido desde la mañana por falta de gasoil.
La situación terminó en un hecho tan insólito como preocupante: un vecino debió transferir aproximadamente $40.000 a una estación de servicio para que el móvil pudiera cargar combustible y finalmente trasladarse hasta Palo Blanco. Minutos después, el patrullero llegó y los efectivos intervinieron ante el conflicto.
Hasta allí, existe un problema concreto que debe ser explicado por quienes tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento de la fuerza policial.
Pero inmediatamente apareció el oportunismo político.
Algunos sectores comenzaron a intentar instalar, de manera directa o indirecta, que la Municipalidad de Fiambalá debía hacerse cargo de la situación, señalando una supuesta «inacción» municipal.
Y ahí es donde el relato se estrella contra la legislación.
Porque antes de acusar, hay que conocer.
La Ley Orgánica de la Policía de Catamarca, Decreto Ley N.º 4663, establece en su artículo 1 que la Policía de la Provincia es una unidad orgánica centralizada que funciona dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y se vincula con este mediante el Ministerio de Gobierno. El artículo 2 determina que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público, la seguridad pública y la paz social, mientras que el artículo 3 establece que sus atribuciones y facultades se ejercen en todo el territorio provincial.
Es decir, hay algo que debería ser elemental para cualquier persona que pretenda hacer política: la Policía de Catamarca es provincial.
No pertenece a la Municipalidad de Fiambalá.
No depende del intendente.
No es financiada administrativamente por la comuna.
No tiene su cadena de mando dentro del Municipio.
Y el intendente no tiene la facultad de administrar los recursos operativos de una fuerza provincial.
La propia estructura institucional vigente ratifica esa realidad. El Decreto Acuerdo N.º 419/2025 aprobó la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, cartera provincial que concentra las competencias correspondientes a esa área y dentro de cuya estructura se encuentra la Policía de Catamarca.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué algunos pretenden responsabilizar a la Municipalidad por el combustible de un móvil policial provincial?
La respuesta no está en ninguna ley.
Está en la política.
Porque cuando no se quiere discutir quién tiene realmente la responsabilidad, resulta mucho más sencillo señalar al intendente de turno y tratar de instalar en la sociedad la idea de que el Municipio «no hizo nada».
Pero una mentira repetida no se transforma en una obligación legal.
La Municipalidad puede colaborar —y de hecho lo hace—, pero esa colaboración no convierte al Municipio en responsable del presupuesto de la Policía Provincial.
La diferencia es enorme.
Una cosa es la solidaridad institucional y otra completamente distinta es la competencia administrativa y presupuestaria.
Fiambalá ha demostrado en reiteradas oportunidades que no mira para otro lado cuando una institución necesita ayuda. La Municipalidad ha colaborado con la Policía y con distintos organismos e instituciones cuando las circunstancias lo requirieron, aun cuando muchas de esas acciones no constituyen obligaciones propias del gobierno municipal.
Pero quienes hoy pretenden utilizar esa permanente colaboración para exigir que el Municipio se haga cargo de los gastos de organismos provinciales parecen desconocer una regla básica de la administración pública: cada nivel del Estado tiene competencias, recursos, autoridades y responsabilidades determinadas.
Y el presupuesto provincial también habla.
La Ley N.º 5928, Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial para el ejercicio fiscal 2026, fue sancionada por la Legislatura de Catamarca y fijó para el Sector Público Provincial No Financiero un total de $2.660.936.962.633 en gastos corrientes y de capital. La norma establece el marco legal dentro del cual el Estado provincial administra sus recursos y ejecuta sus políticas públicas.
No se trata de dinero que aparece mágicamente.
El Estado provincial tiene una estructura presupuestaria, ministerios, organismos, servicios administrativos y mecanismos de ejecución y control del gasto.
La Policía, como parte de la estructura provincial, tiene además una organización administrativa propia dentro del esquema estatal.
Por eso, cuando aparece una situación como la denunciada en Palo Blanco, la pregunta institucionalmente correcta no es «¿por qué la Municipalidad no puso el combustible?».
La pregunta correcta es:
¿Por qué un móvil policial provincial se quedó sin combustible y por qué un vecino tuvo que aportar dinero para que pudiera cumplir con su función?
Esa es la discusión.
Todo lo demás es humo político.
Y aquí es donde queda particularmente expuesta la liviandad de algunos que pretenden hablar de gestión pública sin conocer siquiera las competencias básicas de los organismos sobre los cuales opinan.
No hace falta ser especialista en Derecho Administrativo para comprenderlo.
Hay una Policía Provincial.
Hay un Ministerio Provincial.
Hay una estructura presupuestaria provincial.
Hay autoridades provinciales responsables de la seguridad.
Y hay una Municipalidad que pertenece a otro nivel de gobierno.
Pretender mezclar todo deliberadamente para generar indignación contra el intendente no es informar: es desinformar.
Y si además se pretende instalar que la falta de combustible de un móvil policial demuestra una supuesta «inacción» municipal, entonces la operación política resulta todavía más evidente.
Porque si la Municipalidad ayuda, ayuda.
Si no ayuda, no puede ser acusada de incumplir una obligación que no le corresponde.
Y si un municipio decide colaborar con una institución provincial, esa colaboración debe ser entendida como lo que es: un acto de cooperación y compromiso con la comunidad, no una transferencia automática de competencias.
Lo que resulta verdaderamente llamativo es que algunos oportunistas parezcan descubrir la seguridad pública recién cuando encuentran una oportunidad para atacar al Gobierno municipal.
La seguridad no puede ser utilizada como una herramienta electoral.
Mucho menos cuando se trata de un episodio que involucra a una familia y que pudo haber terminado en una situación mucho más grave.
Si hubo falta de combustible, debe explicarse.
Si hubo problemas administrativos, deben corregirse.
Si hubo una falla en la provisión, deben determinarse las responsabilidades.
Si un vecino tuvo que poner dinero de su bolsillo para que un patrullero pudiera desplazarse, las autoridades competentes deberían explicar por qué se llegó a ese extremo.
Eso sí es hacer política responsable.
Eso sí es ejercer el control democrático.
Lo que no es serio es trasladar la responsabilidad hacia un municipio simplemente porque políticamente conviene hacerlo.
Y aquí aparece otro dato que debería hacer reflexionar a quienes lanzan acusaciones sin verificar: el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía no menciona a ninguna municipalidad como autoridad de dependencia de la fuerza. La vincula directamente con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno.
La legislación es clara.
La estructura institucional es clara.
El presupuesto es claro.
Las jerarquías son claras.
Entonces, ¿qué es lo que algunos todavía no entienden?
¿O será que lo entienden perfectamente y simplemente prefieren que la población no lo sepa?
Porque instalar una acusación falsa puede ser políticamente conveniente durante algunas horas, pero no resiste cuando se confronta con los documentos oficiales.
Y quizás allí esté la verdadera preocupación de quienes intentan atacar a la Municipalidad de Fiambalá: que la realidad termine siendo mucho más fuerte que el relato.
La gestión municipal de Raúl Úsqueda no necesita apropiarse de responsabilidades ajenas para demostrar compromiso con la comunidad. Lo viene demostrando cada vez que un organismo necesita acompañamiento y el Municipio está dispuesto a colaborar.
Pero también corresponde poner límites cuando algunos pretenden convertir esa solidaridad en una obligación.
Fiambalá no puede ser el fusible de cada problema que tenga un organismo provincial.
La Municipalidad no puede ser responsabilizada por cada falla de una estructura que no administra.
Y mucho menos puede utilizarse a los vecinos como espectadores de una disputa política basada en información tergiversada.
La comunidad merece conocer la verdad completa.
El episodio de Palo Blanco merece respuestas.
Pero las respuestas deben pedirse a quienes tienen competencia sobre la Policía Provincial, no a quienes algunos pretenden convertir artificialmente en responsables.
Porque si realmente se quiere hablar de democracia, primero hay que respetar las instituciones.
Y respetar las instituciones significa reconocer quién tiene cada competencia.
La Policía es provincial. Su estructura depende del Estado provincial. La seguridad pública es una función de la Provincia. El presupuesto que financia esas estructuras es provincial.
La Municipalidad de Fiambalá puede colaborar y lo seguirá haciendo cuando sea necesario, porque su compromiso con los vecinos está por encima de cualquier mezquindad política.
Pero una cosa es tender una mano y otra muy diferente es aceptar que algunos oportunistas pretendan cargar sobre el Municipio obligaciones que las leyes colocan en otro nivel del Estado.
La política puede ser dura. Puede ser crítica. Puede ser confrontativa. Lo que no puede ser es ignorante. Y cuando la ignorancia se utiliza deliberadamente para desinformar, deja de ser simplemente desconocimiento: se convierte en una herramienta de manipulación política.
El problema de Palo Blanco existe y debe resolverse.
Pero la Municipalidad de Fiambalá no puede ser el chivo expiatorio de una responsabilidad que la legislación provincial coloca claramente en la órbita del Gobierno de Catamarca.
Las leyes están escritas.
El presupuesto está aprobado.
La estructura policial está definida.
Ahora, que cada responsable se haga cargo de lo que le corresponde.
