Un festejo por el Día del Niño que involucraba a padres, docentes y la Delegación Municipal de Palo Blanco terminó en medio de una fuerte polémica política. Una circular del Ministerio de Educación sobre seguridad y acceso a las escuelas fue utilizada para cuestionar la participación municipal. Desde la comunidad denuncian una presunta doble vara y preguntan por qué algunos dirigentes son cuestionados por ingresar a establecimientos educativos mientras otros realizan actividades políticas sin recibir el mismo reproche.
Lo que comenzó como una iniciativa comunitaria para brindarles un día especial a cientos de niños terminó convertido en una nueva batalla política que vuelve a poner a las instituciones educativas en el centro de una disputa que, según advierten desde la comunidad, poco tiene que ver con los chicos.
Hace aproximadamente 20 días, padres y docentes de la Escuela Primaria N.º 406 de Palo Blanco mantuvieron una reunión con representantes de la Delegación Municipal para avanzar en la organización de los festejos por el Día del Niño.
La propuesta, de acuerdo con lo explicado por el delegado municipal de Palo Blanco, Prof. Ramón Reales, contemplaba una jornada amplia, inclusiva y destinada a más de 300 personas, con desayunos, juegos, almuerzo, espectáculos, regalos y distintas actividades recreativas.
La iniciativa buscaba incluir a niños de todas las edades, incluso bebés, además de contemplar actividades para jóvenes y adultos.
El objetivo, según explicaron quienes participaron de la organización, era sencillo: que los niños de Palo Blanco pudieran disfrutar de un día diferente.
Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, comenzaron a aparecer cuestionamientos en determinados medios de comunicación amarillistas y perfiles de redes sociales, generándose una fuerte controversia alrededor de la presencia de la Delegación Municipal dentro de la institución educativa.
El argumento utilizado fue una circular emitida por el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca, mediante la cual se establecen disposiciones generales de seguridad, regulación organizativa, control de acceso, circulación y protocolos de intervención en establecimientos educativos.
El documento establece, entre otras cuestiones, que las personas ajenas a las instituciones educativas no pueden ingresar sin autorización escrita de las autoridades correspondientes. También dispone medidas relacionadas con el registro de visitas, el cierre de accesos, la protección de la imagen e intimidad de los estudiantes y la actuación frente a situaciones críticas.
La normativa, por lo tanto, existe y debe ser cumplida.
Pero la controversia planteada en Palo Blanco gira alrededor de otra cuestión: si esa normativa se aplica realmente de la misma manera para todos los sectores políticos.
Desde la comunidad sostienen que el proyecto del festejo no se estaba realizando de manera inconsulta ni clandestina. Según manifestó Reales, la propuesta había sido trabajada con padres, docentes, directivos, autoridades municipales y vecinos, y el Supervisor de Zona, Prof. Cristian Paredes, tenía conocimiento de la iniciativa.
La intención, explicó el funcionario, era avanzar por las vías institucionales correspondientes para informar a las autoridades superiores del Ministerio de Educación y del Gobierno provincial.
En diálogo con Multimedios Abaucán, Reales defendió la iniciativa y cuestionó duramente a quienes, según su interpretación, transformaron un proyecto destinado a los niños en una disputa política.
“Nosotros no hicimos nada mal. Nos presentamos como institución de Palo Blanco para cooperar y de esa manera unirnos para que todo sea más fácil para todos, con el único fin de que los niños tengan un día lleno de alegría y fiesta, como se merecen”, sostuvo.
El delegado calificó el proyecto como “amplio, inclusivo y abarcativo” y manifestó su malestar por el impacto que tuvo la polémica sobre la comunidad educativa.
Ante la situación generada, la Delegación Municipal decidió finalmente apartarse del festejo y acatar las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación.
La decisión, según explicó Reales, también podría repercutir sobre personal becado que actualmente presta colaboración en establecimientos educativos realizando tareas de limpieza, asistencia en cocina y otras funciones.
“Que quede en claro que no es por mezquindad nuestra, simplemente cumplimos con lo que determinan las autoridades superiores del Gobierno provincial y nosotros somos muy respetuosos de ello. Lamentablemente las comunidades educativas son las que pierden”, expresó.
Y es precisamente allí donde la discusión vuelve a adquirir dimensión política.
Desde Palo Blanco se comunicaron con la redacción de Multimedios Abaucán para expresar su rechazo a lo que consideran una campaña mediática de tinte político, cuestionando particularmente a portavoces que transmiten amargura y administradores de perfiles de redes sociales que, según sostienen, habrían utilizado el episodio para atacar al gobierno municipal.
La comunidad también plantea una pregunta que merece una respuesta pública: ¿la circular del Ministerio de Educación se aplica de igual manera cuando el protagonista es un funcionario municipal que cuando se trata de dirigentes, legisladores o funcionarios de otros espacios políticos?
Según las denuncias recibidas por este medio, funcionarios provinciales, legisladores y referentes vinculados a sectores opositores al gobierno municipal habrían ingresado hace pocos días a escuelas públicas primarias y secundarias del distrito de Fiambalá, realizando actividades que posteriormente fueron registradas mediante fotografías y videos difundidos en redes sociales.
Si esas situaciones ocurrieron y no contaron con las autorizaciones correspondientes, la pregunta resulta inevitable: ¿quién permitió esos ingresos y por qué no se aplicó entonces el mismo criterio que hoy se invoca a conveniencia para cuestionar el festejo de los niños?
No se trata de determinar quién tiene razón a través de una pelea de publicaciones. Se trata de establecer si existe una misma regla para todos.
Porque si el Ministerio de Educación dispone que ninguna persona ajena al sistema educativo puede ingresar sin autorización escrita, entonces la disposición debería alcanzar por igual a funcionarios oficialistas, opositores, legisladores, dirigentes, candidatos y cualquier otra persona externa a la comunidad educativa.
Y si está prohibida la utilización de imágenes de estudiantes sin los correspondientes consentimientos, esa prohibición también debería ser universal.
La escuela no puede convertirse en una plataforma de campaña política. Pero tampoco puede utilizarse selectivamente una norma para atacar a un adversario político.
En este punto, la responsabilidad no recae solamente sobre los dirigentes.
También existe una responsabilidad periodística.
Los medios de comunicación tienen derecho —y muchas veces el deber— de cuestionar a los gobiernos y controlar al poder. Pero ese control pierde credibilidad cuando la vara cambia dependiendo de quién sea el protagonista de la noticia, como en este caso.
Los comunicadores y propietarios de medios que cuestionan determinadas conductas deberían estar dispuestos a formular las mismas preguntas cuando esas conductas son protagonizadas por dirigentes de su propio espacio político o a quienes ellos responden o defienden.
De lo contrario, la sociedad queda atrapada en una lógica peligrosa: una norma para unos y otra norma para otros.
“Dependiendo la cara del cliente”, resumen desde la comunidad de Palo Blanco.
Y mientras los adultos discuten, hay una realidad que no debería perderse de vista: los chicos quedan en el medio.
Son ellos quienes esperaban un festejo. Son ellos quienes podían disfrutar de una jornada de juegos, comida, espectáculos y regalos. Son ellos quienes no tienen absolutamente ninguna responsabilidad sobre las diferencias políticas entre funcionarios, dirigentes, opinadores movidos por el despecho o sectores partidarios.
Por eso, utilizar una actividad destinada a los niños como escenario de una disputa política resulta, como mínimo, cuestionable y repulsivo.
La circular del Ministerio de Educación merece ser respetada. La seguridad de los estudiantes, el control de acceso a las escuelas y la protección de su imagen e intimidad no son cuestiones partidarias.
Pero precisamente por eso, su cumplimiento tampoco puede ser partidario.
Si un funcionario o legislador ingresó sin autorización, que se investigue.
Si existieron autorizaciones, que se exhiban.
Si hubo utilización indebida de imágenes de estudiantes, que se determine la responsabilidad correspondiente.
Si alguien difundió información incompleta o falsa, que responda por ello.
Y si efectivamente hubo dirigentes de distintos sectores ingresando a escuelas bajo circunstancias similares, que se aplique exactamente la misma vara.
Porque una cosa es ejercer el periodismo y denunciar posibles incumplimientos. Otra muy distinta es convertir una norma destinada a proteger a los niños en una herramienta de conveniencia política.
Los chicos no son militantes. Las escuelas no son unidades básicas. Los festejos infantiles no son actos partidarios. Y la seguridad educativa no puede depender del color político de quien golpea la puerta.
La discusión debería ser mucho más simple: cumplir la ley, respetar las instituciones y proteger a los niños. Para todos. Sin excepciones.
Si la normativa es obligatoria, que sea obligatoria para todos.
Si la escuela debe mantenerse alejada de la política partidaria, que todos los sectores respeten esa condición.
Y si existen dudas sobre lo ocurrido en Palo Blanco o sobre anteriores ingresos de dirigentes a establecimientos educativos, que las autoridades correspondientes investiguen y den explicaciones públicas.
Porque cuando la política termina perjudicando a una institución educativa y, sobre todo, termina frustrando la ilusión de cientos de niños, ya no alcanza con una publicación en redes sociales ni con una pelea entre dirigentes.
Hay que preguntarse quién gana con la confrontación y, sobre todo, quién termina pagando el costo.
En Palo Blanco, por ahora, la respuesta parece demasiado evidente: los que menos tienen que ver con la política son justamente los que quedaron en el medio: los niños.
