Prometer lo imposible también es una forma de engañar.
En tiempos donde la política debería elevar el nivel del debate, todavía hay quienes insisten en subestimar a la gente con discursos que suenan bien… pero no resisten el más mínimo análisis.
Las publicaciones recientes del concejal Pablo Núñez en redes sociales no son la excepción. Con frases que apelan a la épica y a una supuesta defensa del pueblo, intenta instalar una idea tan atractiva como inviable: hacer creer que una ordenanza municipal puede decidir sobre fondos que, por ley, pertenecen a otra jurisdicción.
Y ahí es donde la narrativa empieza a hacer ruido.
Porque no se trata de estar “a favor o en contra de la gente”, como se intenta simplificar. Se trata de algo mucho más básico: entender cómo funciona el sistema legal. En Argentina existe un orden normativo claro. La Constitución, las leyes provinciales y nacionales están por encima de cualquier ordenanza municipal. No es una opinión, es el ABC del funcionamiento institucional.
Pero claro, decirle a la gente lo que quiere escuchar siempre es más fácil que explicar por qué algo no se puede hacer.
En sus publicaciones, Núñez plantea que se “rechazó que el dinero vuelva a Fiambalá”, como si se tratara de una decisión caprichosa o de una falta de compromiso de otros concejales. Sin embargo, omite un detalle no menor: ese dinero no depende del Concejo Deliberante. No está en su órbita. No es una cuestión de voluntad política, sino de competencia legal.
Prometer lo contrario no es defender al pueblo. Es generar una expectativa que no tiene sustento.
Paradójicamente, en sus propias palabras, el concejal reconoce algo que termina desarmando su planteo: si se aprueba algo que va contra el orden legal superior, puede ser impugnado o declarado inconstitucional. Es decir, admite el límite… pero decide ignorarlo cuando construye su discurso.
Una contradicción difícil de disimular.
A esto se suma otro dato incómodo: el mismo espacio político al que pertenece Núñez fue parte de decisiones anteriores que definieron el destino de estos fondos. El famoso Pacto Fiscal firmado en su momento por la gestión municipal alineada con su sector no es un detalle menor. Es, en gran medida, el marco que hoy condiciona lo que él reclama.
Entonces, ¿es desconocimiento o conveniencia?
Mientras tanto, la escena se completa con un clásico de la política moderna: la teatralización. La idea de transmitir sesiones en vivo, mostrar “quién está de cada lado” y convertir el debate institucional en contenido para redes sociales.
La transparencia siempre es bienvenida. Pero cuando se la usa como herramienta de presión o como parte de una puesta en escena, deja de ser un valor y pasa a ser un recurso más de marketing político.
Porque gobernar —o legislar— no es hacer transmisiones, ni buscar aplausos inmediatos. Es asumir responsabilidades, entender límites y trabajar dentro de las reglas.
En redes sociales, además, comenzaron a multiplicarse las voces que cuestionan este tipo de planteos. Y no desde la oposición, sino incluso desde sectores con trayectoria dentro del mismo espacio político, que advierten sobre el riesgo de confundir militancia con relato.
El punto de fondo es simple: Fiambalá no necesita promesas grandilocuentes ni proyectos imposibles. Necesita seriedad.
Porque cuando la política se convierte en un show, los problemas reales quedan afuera del escenario.
Y ahí es donde la demagogia deja de ser una herramienta… para convertirse en un problema.
