La versión oficial habló de “consenso” y “diálogo”, pero dejó afuera buena parte de lo que ocurrió durante una jornada marcada por cortes, fuertes reclamos, abucheos, tensión, cuestionamientos y un operativo de seguridad que condicionó la cobertura periodística. Fiambalá dejó una definición contundente: no quiere ser una simple extensión de Tinogasta y reclama que la Zona Franca se instale en su jurisdicción.
Fiambalá volvió a demostrar que cuando considera que están en juego sus intereses puede dejar de lado diferencias políticas, partidarias, ideológicas y sectoriales para plantarse frente al poder provincial. La jornada del martes dejó una señal que difícilmente pueda ser reducida a la expresión oficial de un simple “encuentro muy positivo” o a un supuesto consenso alcanzado entre el Gobierno y los vecinos.
La discusión por la Zona Franca del departamento Tinogasta ingresó en una etapa de máxima tensión después de que el gobernador Raúl Jalil llegara a Fiambalá en medio de una protesta y un corte de la Ruta Nacional 60. Distintos sectores de la comunidad reclamaron que la Zona Franca sea instalada en Fiambalá y rechazaron que la localidad quede relegada al papel de una extensión de un proyecto cuya sede principal continúe en Tinogasta.
La protesta no fue improvisada ni protagonizada por un solo sector. Desde días antes, las Fuerzas Vivas, cámaras empresariales, proveedores mineros, sectores turísticos, comerciantes, instituciones, organizaciones intermedias, dirigentes de distintos espacios políticos y vecinos venían unificando una posición: Fiambalá quiere la Zona Franca en Fiambalá.
Y el martes esa postura se trasladó directamente a la calle.
El corte de la Ruta Nacional 60 se produjo precisamente después de que Jalil sostuviera públicamente que la Zona Franca debía continuar en Tinogasta porque, según sus declaraciones, el proyecto había nacido allí hacía aproximadamente tres décadas. El mandatario dejó abierta la posibilidad de una futura extensión hacia Fiambalá, pero esa alternativa no satisface el planteo central de la comunidad.
Ahí está una de las principales diferencias entre el relato oficial y lo que realmente reclamó Fiambalá.
Desde el Gobierno se presentó posteriormente el resultado como un acuerdo para incorporar a Fiambalá como “extensión de la Zona Franca Tinogasta”, con una sede en la jurisdicción fiambalense y los mismos beneficios. Esa propuesta existe y fue anunciada oficialmente, pero no equivale al pedido original de las Fuerzas Vivas, que reclamaron que la Zona Franca sea emplazada en Fiambalá.
Por eso, hablar simplemente de “consenso” puede resultar insuficiente para describir lo ocurrido. Hubo diálogo, sí. Hubo reuniones, también. Hubo un compromiso para continuar las gestiones ante Nación, igualmente. Pero antes de llegar a ese punto hubo una movilización, un corte de ruta, reclamos directos al gobernador y momentos de evidente tensión que no pueden desaparecer de la reconstrucción de los hechos.
Incluso otros medios provinciales no mencionan sobre abucheos y fuertes reclamos contra funcionarios provinciales, presencia de efectivos de Infantería, cruces verbales y dificultades para que periodistas pudieran desarrollar normalmente su tarea. También se informó que la prensa debió retirarse de uno de los encuentros mantenidos por Jalil con referentes de la comunidad.
Es justamente allí donde aparece otro aspecto que merece ser señalado: la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a registrar lo que sucede en un acontecimiento de interés público.
Durante la cobertura de Multimedios Abaucán, integrantes de la seguridad y custodia del gobernador intentaron impedir o limitar el trabajo periodístico del medio, según lo vivido y denunciado durante la cobertura. No corresponde presentar ese episodio como una censura judicialmente acreditada si no existe una resolución que así lo determine, pero sí resulta legítimo informar que hubo un intento de obstaculizar la labor de la prensa, especialmente cuando el hecho ocurrió durante una jornada de fuerte interés público.
Y resulta llamativo que mientras algunos medios reprodujeron principalmente la agraciada versión institucional del Gobierno, Multimedios Abaucán con imágenes en fotos y videos reflejamos la tensión existente durante el arribo del mandatario. La cobertura de la jornada no puede reducirse únicamente a las fotografías de reuniones y anuncios posteriores: también forman parte de la noticia los reclamos, las protestas y el clima social que rodeó la visita.
Otro de los puntos que generó repercusión fue la situación de la senadora departamental Pamela López. Su presencia junto a la comitiva oficial quedó expuesta al fuerte cuestionamiento de vecinos que reclamaban una posición clara respecto de la ubicación de la Zona Franca. Desde días anteriores, sus declaraciones ya habían provocado fuertes críticas en Fiambalá.
Durante la jornada, la legisladora y otros integrantes de la comitiva oficial terminaron retirándose de Fiambalá en medio del clima de protesta. Vecinos y manifestantes interpretaron ese retiro como un rechazo a su presencia y expresaron públicamente su desaprobación. Por razones de precisión periodística, corresponde hablar de fuerte rechazo, abucheos y cuestionamientos, antes que afirmar jurídicamente que alguien fue “echado”, salvo que existan registros concretos que permitan sostener esa expresión.
Pero el reclamo de fondo continúa intacto.
Fiambalá no quiere ser una extensión de Tinogasta. Fiambalá quiere que la Zona Franca se instale en Fiambalá.
La diferencia no es semántica. Es política, territorial y económica.
La propia comunicación oficial confirma que la alternativa que se está gestionando consiste en modificar la legislación provincial para incorporar a Fiambalá como extensión de la Zona Franca Tinogasta y llevar posteriormente ese planteo ante autoridades nacionales.
Es decir: la discusión que Fiambalá llevó a la calle no terminó con una decisión de instalar la sede principal en la ciudad. Terminó con el compromiso de gestionar ante Nación una alternativa para incorporar a Fiambalá al esquema.
Y eso todavía no es una solución definitiva.
El reclamo fiambalense se sustenta además en argumentos que fueron expuestos públicamente durante las últimas semanas: la ubicación estratégica sobre el corredor internacional hacia Chile, la cercanía con el Paso Internacional San Francisco, la actividad minera que se desarrolla en territorio de la jurisdicción y la necesidad de que los beneficios económicos derivados de esa actividad también tengan una expresión concreta en la comunidad.
Durante las reuniones, incluso surgió una pregunta del propio gobernador respecto de la disponibilidad de tierras para una eventual instalación. El intendente Raúl Úsqueda respondió que Fiambalá dispone de un área destinada al futuro Parque Industrial y de terrenos que podrían ser considerados para una iniciativa de estas características.
La discusión, entonces, tampoco puede presentarse como si Fiambalá estuviera reclamando algo para lo cual no posee territorio o condiciones materiales.
Fiambalá sostiene que tiene ubicación, territorio, actividad económica, conexión internacional y una comunidad que está reclamando ser protagonista de su propio desarrollo.
Y hay otro dato que políticamente no pasó inadvertido: la unidad alcanzada entre sectores que habitualmente se encuentran enfrentados.
En la calle confluyeron personas de distintas ideologías, sectores políticos, instituciones, cámaras, comerciantes, productores, trabajadores vinculados a la minería, referentes sociales y vecinos que no necesariamente coinciden en otros temas. Todos encontraron un punto de coincidencia: la defensa del interés local frente a una decisión que consideran determinante para el futuro de Fiambalá.
Por eso también resulta inevitable preguntar:
¿Dónde estuvieron quienes dicen representar a Fiambalá?
La ausencia del concejal Pablo Núñez, de la exintendenta Roxana Paulón y de otros dirigentes y referentes identificados con distintos espacios políticos fue observada y cuestionada por sectores que participaron activamente de la movilización.
En el caso de Núñez, integrante del espacio político que acompaña al oficialismo provincial, su ausencia durante una jornada en la que buena parte de la comunidad reclamaba públicamente por la Zona Franca generó cuestionamientos entre vecinos. Lo mismo ocurrió con Paulón, cuya ausencia física y falta de una posición pública visible durante el conflicto también fueron señaladas por participantes de la protesta.
No se trata de determinar desde una redacción periodística qué debería haber hecho cada dirigente. La pregunta pertenece a la comunidad: si quienes ocupan cargos de representación no estuvieron presentes en una jornada en la que Fiambalá reclamaba por una decisión que considera estratégica, serán los propios vecinos quienes evalúen esas ausencias.
También quedaron bajo cuestionamiento la senadora Pamela López y el diputado nacional Sebastián Nóblega, particularmente por su pertenencia a la representación departamental y por el lugar que ocuparon dentro de la comitiva oficial.
La discusión, sin embargo, no debería convertirse en una pelea de nombres.
El verdadero protagonista fue Fiambalá.
Porque esta vez la comunidad dejó una frase que resume el alcance del reclamo:
“SI NO HAY ZONA FRANCA EN FIAMBALÁ, NO HABRÁ ACTIVIDAD MINERA”.
Se trata de una consigna adoptada por los sectores movilizados. No significa que actualmente exista una paralización total de la actividad minera, algo que sería incorrecto afirmar. Significa que sectores de la comunidad están advirtiendo que podrían profundizar las medidas de protesta y afectar la actividad si no obtienen una respuesta que contemple su reclamo. Esa advertencia fue reflejada durante la jornada por medios que cubrieron el conflicto.
La diferencia es sustancial.
Una cosa es una protesta social. Otra, una paralización efectiva de la minería.
Hasta ahora, lo que existe es una advertencia y una decisión de profundizar el reclamo si no aparecen respuestas concretas.
Mientras tanto, el Gobierno provincial intenta encauzar el conflicto mediante una propuesta de extensión y una gestión ante Nación. El propio Jalil anunció que viajará a Buenos Aires acompañado por representantes fiambalenses para intentar incorporar a la localidad al esquema de la Zona Franca.
Pero la pregunta que queda abierta es sencilla:
¿Fiambalá será realmente protagonista de la Zona Franca o solamente será incorporada para conformarlos como una extensión de un proyecto cuya sede principal permanecerá en Tinogasta?
Esa es la discusión que todavía no está resuelta.
Por eso, presentar lo ocurrido únicamente como un “consenso” puede ocultar la parte más importante de la historia: el consenso anunciado por el Gobierno surgió después de una jornada de presión social, corte de ruta, fuertes cuestionamientos y un reclamo comunitario que logró instalar el problema en la agenda provincial y nacional.
Fiambalá no salió a la calle para pedir una fotografía.
No salió para conseguir una oficina.
No salió para convertirse en una sucursal de nadie.
Salió a reclamar que la Zona Franca tenga su sede en Fiambalá.
Y después de lo ocurrido, el Gobierno provincial ya no puede decir que ese reclamo no existe.
La comunidad habló.
Las Fuerzas Vivas hablaron.
Los sectores productivos hablaron.
Los vecinos hablaron.
Ahora comienza la etapa de las decisiones.
El viaje a Buenos Aires podrá abrir una nueva instancia de negociación, pero Fiambalá ya dejó en claro que no piensa ceder fácilmente su posición ni aceptar que el futuro económico de su territorio sea definido sin tener una participación real en esa decisión.
La tensión de la jornada podrá ser relativizada en comunicados oficiales. Los abucheos podrán quedar fuera de determinadas crónicas. Las dificultades para la prensa podrán no aparecer en los partes institucionales. Las ausencias de dirigentes podrán ser ignoradas.
Pero hubo una protesta.
Hubo reclamos.
Hubo tensión.
Hubo una comunidad movilizada.
Y hubo una exigencia concreta:
FIAMBALÁ QUIERE LA ZONA FRANCA EN FIAMBALÁ.
Ese es el dato que quedó después de una jornada en la que el poder provincial llegó a la ciudad y se encontró con una comunidad que, por encima de sus diferencias políticas, decidió marcar un límite.
Fiambalá no quiere ser extensión de Tinogasta. Quiere ser protagonista de su propio futuro.
