La empresa india presentará hoy, 16 de octubre, el Proyecto Cortaderas en medio de fuertes cuestionamientos por su ubicación y los posibles riesgos ambientales. La cercanía al Río Guanchín, vital para la agricultura y los viñedos fiambalenses, pone en el centro de la discusión una pregunta incómoda: ¿quién se hará responsable si el agua resulta afectada? Mientras circulan versiones no confirmadas sobre permisos ya otorgados, la comunidad exige respuestas y no una simple reunión para cumplir con las formalidades.
La empresa Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL) tendrá este viernes una prueba decisiva ante la sociedad de Fiambalá. A las 17:00, en el Centro Vecinal Marilyn Navarro del barrio San Pedro, realizará una charla informativa sobre el Proyecto Cortaderas, en la que prevé presentar los resultados de las muestras tomadas el 16 de septiembre y explicar su sistema de contratación de trabajadores y proveedores locales.
Sin embargo, el encuentro llega en un clima de desconfianza que la empresa no podrá disipar con una exposición superficial ni con promesas de empleo. La preocupación central es el agua, y ninguna oportunidad económica justifica minimizar un riesgo ambiental que todavía necesita ser evaluado y explicado con claridad.
El Río Guanchín es fundamental para la producción agrícola de Fiambalá, incluidos sus viñedos. Por eso, la proximidad del proyecto a este recurso exige estudios rigurosos, controles independientes y garantías concretas sobre la protección de las aguas superficiales y subterráneas.
No existen elementos suficientes para afirmar que KABIL contaminará el río, pero tampoco corresponde pedirle a la población que confíe a ciegas en que no habrá consecuencias. La empresa debe demostrar, mediante información técnica verificable, por qué considera viable desarrollar sus actividades en esa zona y qué medidas adoptará para prevenir cualquier afectación.
La preocupación podría extenderse más allá de Fiambalá si los estudios confirmaran una conexión hidrológica que permitiera trasladar una eventual afectación hacia el Río Abaucán y otros sectores aguas abajo. El alcance de ese escenario debe determinarse científicamente, pero precisamente por su posible gravedad no puede ser ignorado ni respondido con generalidades.
Cortaderas no es un proyecto que pueda evaluarse sin considerar las características particulares de su entorno. La presencia de vegetación, fauna y sectores vinculados a la pesca, sumada a la cercanía de los cursos de agua, obliga a estudiar sus condiciones ambientales con especial atención. KABIL debe explicar qué tareas realizará, qué sustancias y procedimientos utilizará, cómo gestionará los residuos y qué protocolos aplicará ante una contingencia.
La presentación de los resultados de las muestras de septiembre será una instancia fundamental. La comunidad necesita conocer los análisis completos, los parámetros evaluados, los métodos empleados y las conclusiones obtenidas. La información debe estar disponible para su revisión y, cuando corresponda, para el análisis de especialistas independientes.
A esta preocupación se suma otra cuestión que exige una respuesta oficial. En Fiambalá circulan versiones extraoficiales que sostienen que KABIL ya tendría autorizaciones para avanzar con la exploración y eventualmente con otras etapas del proyecto. Esas versiones no están confirmadas, pero el Gobierno de Catamarca debe aclarar públicamente qué permisos existen, qué actividades habilitan y qué instancias ambientales permanecen pendientes.
La población no puede quedar atrapada entre rumores y falta de información. Si existen autorizaciones, corresponde conocer sus condiciones; si todavía hay evaluaciones por completar, debe explicarse qué falta y cuáles son los pasos previstos. La transparencia no es una concesión de la empresa ni del Gobierno: es una exigencia básica cuando están en juego recursos naturales de interés colectivo.
La charla anunciada también plantea un interrogante inevitable: ¿será una instancia real de participación ciudadana o terminará reducida a un trámite administrativo? No hay pruebas para afirmar que KABIL haya convocado la reunión exclusivamente para amortiguar las críticas, pero la legitimidad del encuentro dependerá de la calidad de la información, la posibilidad de formular preguntas y la existencia de respuestas concretas.
Convocar a los vecinos no significa obtener su consentimiento. Mucho menos implica que la sociedad haya aceptado el proyecto. Si la empresa pretende construir confianza, deberá demostrar que está dispuesta a escuchar los cuestionamientos y a responderlos con documentación, no con discursos preparados.
También existe una percepción local de que KABIL ha mantenido un contacto público limitado con la comunidad y nulo con la prensa, en comparación con otras compañías mineras que operan en la zona. En un emprendimiento de esta naturaleza, la ausencia de una comunicación sostenida solo alimenta las dudas y dificulta la construcción de confianza.
La contratación de mano de obra y proveedores locales, uno de los puntos previstos para la reunión, puede representar una oportunidad económica. Pero los puestos de trabajo no pueden utilizarse para desplazar la discusión sobre el agua, la agricultura y la protección del ambiente. Los beneficios potenciales deben evaluarse junto con los riesgos y las obligaciones que asumiría la empresa.
La sociedad fiambalense tiene derecho a preguntar, cuestionar y exigir garantías sin que sus planteos sean descalificados como una oposición al desarrollo. No se trata de aceptar o rechazar a ciegas, sino de determinar si el proyecto reúne condiciones ambientales suficientes y si existe información transparente para evaluar sus consecuencias.
La charla de este viernes será una oportunidad para que KABIL exponga sus argumentos. Pero también será una instancia en la que deberá responder por qué pretende avanzar en esa ubicación, qué evidencia respalda la seguridad de sus operaciones y cómo se protegerá un recurso del que depende buena parte de la actividad productiva local.
El Gobierno provincial, por su parte, debe garantizar que las evaluaciones se realicen con rigor, que los permisos sean públicos y que los mecanismos de fiscalización sean efectivos. La responsabilidad de proteger el ambiente no puede trasladarse a los vecinos ni limitarse a una reunión informativa.
Fiambalá no necesita promesas: necesita pruebas, transparencia y garantías verificables. KABIL debe entender que una charla no borra las dudas, no reemplaza una evaluación ambiental y no convierte automáticamente la participación ciudadana en consenso.
Cuando está en juego el Río Guanchín, el futuro de los viñedos y la posible incidencia sobre otros cursos de agua, avanzar sin despejar las incertidumbres sería una señal preocupante. La empresa tiene la obligación de explicar; las autoridades, de controlar; y la comunidad, el derecho de exigir que sus recursos naturales sean protegidos.
El desarrollo no puede construirse a costa de poner en duda el futuro del agua. Y ninguna empresa, por importante que sea su inversión, está por encima de esa responsabilidad.
