Guillermo Alanís, quien se desempeña como docente en instituciones educativas de Fiambalá, realizó un extenso comentario en redes sociales en el que cuestionó duramente el planteo fiambalense por la Zona Franca y utilizó expresiones que fueron consideradas por vecinos como descalificadoras, peyorativas y profundamente ofensivas. El caso abrió un interrogante que ahora trasciende lo político: ¿qué postura adoptarán la comunidad educativa y las autoridades del Ministerio de Educación?
La discusión por la ubicación de la Zona Franca volvió a generar una fuerte controversia en Fiambalá, pero esta vez la polémica no quedó limitada al enfrentamiento político entre sectores de Tinogasta y Fiambalá. Un extenso comentario publicado en redes sociales por Guillermo Alanís, docente que presta servicio en instituciones educativas de Fiambalá, provocó una fuerte reacción entre vecinos que interpretaron sus expresiones como una descalificación hacia la comunidad fiambalense y hacia quienes defienden que la localidad sea considerada para la instalación del proyecto.
El comentario apareció en una publicación de Radio Tabaruco 94.5, luego de las declaraciones de la senadora departamental Pamela López sobre el debate por la Zona Franca. Allí, Alanís no solamente cuestionó los argumentos históricos y territoriales utilizados por Fiambalá, sino que calificó determinadas posiciones de la sociedad y la política local como un “complejo de inferioridad”, habló de una supuesta “dislocación intelectual” y sostuvo que existe una “historia inventada” y una sociedad que “no lee” lo suficiente.
Las expresiones, por su contenido y por el tono empleado, rápidamente comenzaron a generar rechazo entre fiambalenses que consideran que una discusión legítima sobre el futuro económico de la localidad terminó siendo utilizada como escenario para descalificar a toda una comunidad.
Alanís escribió, entre otras consideraciones, que observa un supuesto “complejo de inferioridad que está enquistado en la ciudadanía y la política local de ese lugar (Fiambalá)”. También preguntó de manera provocativa: “¿Ves la dislocación intelectual?”, luego de cuestionar las pretensiones de Fiambalá respecto de la Zona Franca.
Pero la frase que mayor controversia generó fue probablemente aquella en la que sostuvo que determinados sectores políticos, medios y parte de la sociedad local “han falseado la historia, reescribirla desde la irresponsabilidad intelectual”, agregando que existe una sociedad que “no lee” lo suficiente y que habría construido una historia que, según su interpretación, no tendría respaldo documental.
Más allá de que Alanís tenga derecho a expresar públicamente sus posiciones sobre cuestiones históricas, políticas o territoriales, el problema que muchos vecinos plantean no es que piense diferente, sino la manera en que decidió expresarlo y la generalización que realiza sobre una comunidad entera.
Fiambalá tiene una larga historia de debates sobre su identidad, su territorio, su relación con Tinogasta y su lugar dentro del departamento. Esas discusiones pueden y deben ser abordadas desde documentos, investigaciones históricas y argumentos jurídicos. Pero para numerosos vecinos resulta inadmisible que, en medio de un debate político, se pretenda deslegitimar las posiciones de una comunidad apelando a expresiones como “complejo de inferioridad”, “dislocación intelectual” o “historia inventada”.
Y allí aparece un elemento particularmente sensible que incrementó el malestar: Alanís es docente y desarrolla su actividad profesional en instituciones educativas de Fiambalá.
La pregunta que comenzó a circular entre vecinos es inevitable: ¿qué ocurre cuando quien formula públicamente semejantes apreciaciones sobre la comunidad en la que trabaja también tiene una responsabilidad educativa frente a niños, adolescentes o jóvenes de esa misma localidad?
No se trata de cuestionar su derecho individual a tener una posición política o historiográfica diferente. Se trata de preguntarse si el lenguaje utilizado en una discusión pública resulta compatible con las responsabilidades que socialmente se esperan de quien ejerce la docencia, especialmente cuando sus expresiones alcanzan a la población de la misma comunidad donde desarrolla su tarea profesional.
La controversia adquiere todavía mayor sensibilidad porque Alanís no se limitó a discutir la conveniencia de instalar la Zona Franca en Fiambalá. Su comentario avanzó sobre cuestiones identitarias y culturales, cuestionando la manera en que los fiambalenses construyeron y transmitieron determinados relatos históricos y atribuyendo a sectores de la comunidad una supuesta falta de conocimiento.
Para muchos vecinos, eso cruzó una línea.
Las redes sociales comenzaron a convertirse nuevamente en el escenario donde la comunidad expresa su indignación. El malestar no está dirigido únicamente contra una opinión diferente respecto de la Zona Franca, sino contra lo que varios consideran una actitud de menosprecio hacia Fiambalá y sus habitantes.
La discusión también abre otro interrogante institucional que todavía no tiene respuesta: ¿las autoridades educativas tomarán conocimiento de oficio de las expresiones realizadas por el docente y evaluarán si corresponde algún tipo de intervención?
No corresponde anticipar sanciones ni atribuir responsabilidades administrativas que deberán determinar, en todo caso, los organismos competentes. Pero sí resulta legítimo preguntarse si las autoridades educativas consideran necesario analizar el contenido de las expresiones públicas de un docente cuando estas generan un fuerte conflicto con la comunidad donde presta servicios.
También será interesante conocer qué postura adopta la comunidad educativa de las instituciones donde Alanís desarrolla su tarea, particularmente frente a un comentario que provocó cuestionamientos que exceden ampliamente la discusión sobre la Zona Franca.
Porque una cosa es sostener que Fiambalá no tiene argumentos suficientes para reclamar la ubicación de la Zona Franca. Otra muy diferente es atribuir a sus habitantes un “complejo de inferioridad”, hablar de “dislocación intelectual” o sostener que la comunidad ha construido una “historia inventada”.
La diferencia de opiniones es parte de cualquier sociedad democrática. La confrontación de argumentos históricos también. Pero el respeto hacia quienes piensan distinto debería ser una condición básica de cualquier debate público, mucho más aún cuando quien participa de esa discusión ocupa un lugar dentro de una institución educativa.
Mientras Fiambalá reclama que la ubicación de la Zona Franca sea discutida con argumentos técnicos, logísticos y económicos, el comentario de Alanís terminó desplazando el eje de la discusión hacia otro terreno: el respeto, la identidad y la consideración hacia una comunidad a la que, paradójicamente, el propio docente concurre a enseñar.
Ahora la pelota queda del lado de quienes tienen responsabilidades institucionales. ¿Será simplemente una opinión personal de un ciudadano que quedará en las redes sociales o las autoridades educativas consideran que corresponde analizar el alcance y el contexto de sus expresiones?
Por lo pronto, el comentario ya produjo un efecto político y social concreto: generó indignación, profundizó el malestar y volvió a colocar sobre la mesa una discusión que Fiambalá conoce demasiado bien: la sensación de que, cuando defiende sus intereses, algunos sectores no responden con argumentos sino con descalificaciones.
Y esta vez, la controversia tiene un ingrediente adicional que difícilmente pase inadvertido: quien escribió las polémicas expresiones no es un dirigente político ni un funcionario, sino un docente que desarrolla su actividad profesional dentro de la propia comunidad que cuestionó públicamente.
